Una circular, enviada por la Fiscalía General del Estado a todas la Fiscalías españolas, aconseja a los Fiscales que consideren cualquier agresión grave contra profesores (o médicos) que trabajen en centros dependientes de la Administración Pública como atentado contra la autoridad.
Esta recomendación implica que no se encuentren en la misma situación los docentes de centros concertados y privados, puesto que no ostentan la condición de funcionarios públicos.
Algunos de los requisitos para que sea un atentado contra la autoridad:
- Que exista acometimiento,
- Que se emplee fuerza,
- Que se intimide.
Fuente: TE.
Fecha: Febrero 2009.